La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ingresó un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Concepción para revertir la decisión del juez Iohan León, quien dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional a los formalizados por el caso Fundación En Ti.
Ante la Corte de Apelaciones de Concepción la Fiscalía ingresó un recurso de hecho, para insistir por la prisión preventiva para Camila Polizzi y los hermanos Sebastián y Diego Polanco. Todos formalizados por la arista Fundación En Ti en el Caso Convenios.
El caso Fundación En Ti investiga el presunto desvío de 250 millones de pesos destinados a un proyecto social en Barrio Norte de Concepción, en la región del Bío Bío. Los imputados son Camila Polizzi; Sebastián Polanco; Diego Polanco; el ex administrador del Gore Bío Bío, Rodrigo Martínez; y el ex jefe de División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña. Los delitos que les imputó la Fiscalía son estafa, uso malicioso de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron una fundación para obtener el financiamiento del Gobierno Regional, presentando documentos adulterados y suplantando la identidad de personas reales. Además, habrían utilizado parte del dinero para fines personales y compras de bienes.
Durante la formalización, la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, tras escuchar audios de Polizzi y compañía, mencionó en su argumentación que “esta era una verdadera empresa delictual”.
Sin embargo, el juez León rechazó la prisión preventiva para los cinco imputados, considerando que no se cumplen los requisitos legales para aplicarla, y que existen otras medidas menos gravosas que aseguran el cumplimiento del procedimiento. En esa línea, es que el Ministerio Público apeló por las cautelares de tres de los cinco imputados.
El juez también desestimó los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, estimando que hay presupuestos para el delito de fraude de subvenciones, pero no para los otros. Asimismo, el magistrado señaló que no se podía presumir la culpabilidad de los imputados sin una investigación más profunda. El plazo de investigación se fijó en 270 días (9 meses).
Los abogados defensores se opusieron a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, alegando que no hay antecedentes suficientes para acreditar los delitos, que sus representados tienen arraigo social y familiar, y que han colaborado con la investigación. Incluso, el abogado del ex administrador Rodrigo Martínez, Waldo Ortega, sostuvo que no hay delito en la arista Fundación En Ti, que su representado cumplía con su función gestora y si hubiese responsabilidad penal, esa es del gobernador Rodrigo Díaz.
