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Abogados de la SeremiTT Biobío defendieron a imputada por fatal atropello en Chiguayante

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Dos abogados de la SeremiTT del Biobío representaron a enfermera imputada por atropello con resultado de muerte en Chiguayante. La madre de la víctima expresó indignación y provocó el fin de la defensa. La imputada fue formalizada por obstrucción a la investigación y exceso de velocidad. La SeremiTT inició sumario administrativo sin sanciones. Persisten discrepancias en los peritajes de velocidad. La investigación judicial sigue en curso.

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Dos abogados que trabajan en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT) del Biobío representaron durante más de cinco meses a la enfermera Sandra Vallejos Robles, imputada por el atropello con resultado de muerte del joven Martín González Stuardo, de 18 años. El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2023 en la avenida 8 Oriente de Chiguayante.

Se trata de Boris Merino Lavanchy, jefe de la Unidad Legal de la SeremiTT, y Harold Bahamondes Llano, abogado de la División de Transporte Público Regional. Ambos ingresaron escritos en la causa durante días hábiles y horario laboral, e incluso participaron de forma presencial en una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Chiguayante.

La representación legal terminó abruptamente el 5 de septiembre de 2024, 34 horas después de la última audiencia, luego de que la madre de la víctima, Luisa Stuardo, se comunicara directamente con la SeremiTT para expresar su indignación por la participación de funcionarios públicos en la defensa de la conductora.

Vallejos, de 29 años, fue formalizada por obstrucción a la investigación y por la denominada “Ley Toretto”, que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quienes causen la muerte conduciendo a una velocidad superior en 60 km/h al límite permitido. Un peritaje privado determinó que la imputada circulaba a 131 km/h en una zona con límite de 70 km/h.

Ambos abogados estaban contratados a tiempo completo por la SeremiTT

Merino percibe un sueldo mensual bruto de $4,1 millones y Bahamondes $1,7 millones. A pesar de sus funciones institucionales, los profesionales actuaron como defensores desde el 1 de abril hasta el 5 de septiembre de 2024, ingresando varios escritos e incluso presentando un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

La SeremiTT del Biobío, liderada desde enero de 2025 por Patricio Fierro, inició un sumario administrativo tras conocerse el caso. Según explicó a Radio Bío Bío, el proceso concluyó sin sanciones, ya que no se acreditaron responsabilidades ni afectaciones al funcionamiento del organismo.

“No se trató de una acción ilegal ni contraria al estatuto administrativo”, señaló Fierro. “Ambos abogados actuaron dentro del ejercicio libre de su profesión, sin interferir con sus funciones públicas”, añadió. Además, descartó un conflicto de interés y negó que hubiera ventajas judiciales por su rol como funcionarios públicos.

En paralelo, la madre de la víctima fundó la Corporación Martín por la Vida, con la que busca apoyar a otras familias afectadas por siniestros viales.

En la causa penal, persisten discrepancias entre los peritajes. Mientras la SIAT de Carabineros estableció velocidades de 90 y luego 88 km/h, el informe encargado por la familia de Martín concluyó que el vehículo circulaba a más de 130 km/h. Este último fue el que utilizó el fiscal del caso, Andrés Barahona, para formalizar cargos bajo la “Ley Toretto”. La investigación continúa su curso.

Lee el reportaje completo de BBCL Investiga en el siguiente link: Abogados del Ministerio de Transportes defendieron en horario laboral a imputada por fatal atropello

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