Decretan prisión preventiva para Tomás Antihuén: fue formalizado por seis delitos

En una audiencia que se extendió por alrededor de tres horas, el Ministerio Público entregó a la justicia todas las pruebas contra Tomás Antihuén, como parte del grupo que asesinó a los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, el 27 de abril del año pasado en Cañete, cuando controlaban el arresto domiciliario de una persona.

Ante el Juzgado de Garantía, la Fiscalía reiteró los antecedentes con que fueron imputados los primeros tres detenidos el año pasado -los hermanos Felipe y Yeferson Antihuén, además de Nicolás Rivas-, así como nuevos peritajes que acreditan que la UZI encontrada en poder de Tomás fue robada a las víctimas y utilizada también en el crimen.

Todo, dijo ante el tribunal el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirma que el grupo preparó fríamente la emboscada, la ejecución de los uniformados y el posterior incendio de la patrulla con los cuerpos en su interior.

Los delitos imputados a Antihuén son el homicidio de carabinero en ejercicio de funciones, incendio, robo con violencia, porte ilegal de arma convencional y prohibida, así como el traslado ilegal de restos humanos.

El Ministerio Público estableció que uno de los móviles del plan criminal fue el robo de armas. Sin embargo, el solicitar la prisión preventiva, el fiscal adjunto Carlos Bustos dio cuenta del odio de los detenidos hacia Carabineros y de allí -dijo- la señal que se quisieron dar con la forma en que asesinaron a sus víctimas.

Subrayando en el número de los delitos, la forma de comisión, las penas que arriesga el imputado, entre ellas el presidio perpetuo calificado, la Fiscalía pidió la prisión preventiva.

La Defensoría, sin embargo, se opuso a la cautelar, intentando restar validez a los peritajes incluso biológicos que sitúan a Tomás Antihuén en el sitio del suceso, señalando la defensora Nelly Díaz que si alguna participación tuviera su cliente sería la de cómplice o encubridor.

La teoría de la defensa fue categóricamente desestimada por el juez Cristian Rosenberg, quien subrayó con énfasis en el desprecio por la vida que tuvieron los hermanos Antihuén al matar a los carabineros, resolviendo en definitiva la prisión preventiva al validar los antecedentes entregados por la Fiscalía.

La investigación tiene como plazo de cierre el 12 de abril próximo y el organismo persecutor no solicitó extenderlo, entendiéndose que las diligencias estarían agotadas y que por lo tanto antes de cumplirse un año del triple homicidio el Ministerio Público presentaría la acusación para llevar a juicio a los cuatro imputados.