Areneras sin control: continúan con extracción pese a no tener permisos

Esta firma instalada hace casi dos décadas en la ribera norte del Bío Bío se ampara en la tenencia de una concesión minera para extraer y comercializar arena sin permiso ambiental, municipal ni sectorial.

Luego que Canal 9 Bío Bío Televisión diera cuenta de esta situación hace dos meses, la empresa detuvo un tiempo su faena, pero luego volvió a ejecutar su actividad, sin que nadie pueda impedirlo.

Son varias las administraciones municipales que en Hualpén han intentado hacer cumplir la ley, con fiscalizaciones y decretos de clausura, que una y otra vez son vulnerados, y los camiones vuelven a entrar y salir cargados con destino a diferentes puntos de la zona.

La compañía Minera Tridente, cuyo representante legal es Héctor Ríos Lillo, se ubica en la avenida Costanera Lote E, parcela 6 en Hualpén, y la arena que extrae incluso ha sido comprada por un tercero que la ha depositado al interior de la empresa estatal Enap, que asegura no conocía su procedencia.

Lautaro Benitez, asesor jurídico del municipio de Hualpén, reconoce que es un problema grave y que en parte se debe que no es sólo uno el organismo el encargado de fiscalizar que la arenera opere en regla.

Desde la alcaldía se ha instruido realizar las acciones participativas y administrativas que permitan modificar el plan regulador en el sentido de prohibir completamente la extracción de áridos en toda la comuna. Mientras tanto, la dispersión de responsabilidades favorece al infractor.

Hace 8 años la DGA viene ordenando a Tridente paralizar la extracción de agua y de áridos desde el río Bío Bío y restituir dos canales de descarga de aguas lluvias.

Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente le ha notificado en varias ocasiones que debe hacer ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tras constatar que allí se realiza actividad extractiva sin autorización.

Y pese a que tanto la DGA como la Superintendencia de Medio Ambiente afirmaron haber presentado denuncias en su contra ante el Ministerio Público, por delitos ambientales y económicos, desde la fiscalía se indicó que no existe ninguna investigación en curso vinculada a esta actividad.