La entrevista de Tomás Mosciatti
Entrevista de Tomás Mosciatti a Cardenal Chomali: "Yo pienso que la misión de la Iglesia es clarísima, el tema es que no sabemos cómo hacerlo"
20 December 2024 | 09:31
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La Contraloría resolvió sancionar a nueve funcionarios de vialidad por diversas irregularidades cometidas y que van desde manipulación de procesos de licitación hasta malversación de recursos públicos. El ente fiscalizador decretó sanciones desde anotaciones de demérito hasta la destitución de uno de ellos y derivó los antecedentes a la fiscalía para que se investigue la posibilidad de que existan delitos asociados.
Se trata de un requerimiento que presentó a la Contraloría el diputado Leonidas Romero, donde acusó una serie de irregularidades en el departamento de vialidad, dependiente de la seremi de obras públicas en la región del Bío Bío.
Las irregularidades que fueron constatadas por el ente fiscalizador dan cuenta de licitaciones para la compra de repuesto de maquinaria mal hechas, emisión de órdenes de compra fuera de plazo, inicio de trabajos sin presupuesto aprobado, entre otras irregularidades, las que terminaron con sanciones contra nueve funcionarios de la repartición.
Si bien la resolución da cuenta de nueve funcionarios a quienes se les atribuye responsabilidad, sólo cuatro de ellos fueron sancionados de forma efectiva, ya que para cinco que salen nombrados se declaró que son responsables, pero los hechos ya estarían prescritos.
Los funcionarios sancionados fueron Marcelo Valdebenito Venegas de quien se pidió la destitución, Claudio Deney Torrealba con una multa de un 20% en su remuneración y una anotación de demérito de cuatro puntos.
Se sancionó también a Sergio Ruiz Paredes con una multa en su sueldo de un 15% y anotación de demérito de tres puntos y a María Bórquez Ricci, a quien se aplicaron las medidas de una multa de un 10% en su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos.
De todas formas, el informe del ente fiscalizador señala que todos los antecedentes fueron presentados a la Fiscalía para que se investigue la posibilidad de la existencia de delitos en las irregularidades detectadas por la Contraloría.