Santa Juana: alcaldesa solicitará fin de concesión tras corte de luz de este fin de semana

hrs

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, pedirá al Gobierno finalizar la concesión de electricidad con la empresa que los provee del suministro.

Esto último, producto de los cortes de luz que este fin de semana afectaron a la comuna y que dejó a 8 mil clientes sin el suministro.

En ese contexto, Albonoz dijo que “estamos realmente indignados con esta situación, hemos presentado una serie de reclamos ante el Sernac sin tener respuestas concretas, nosotros necesitamos que se apliquen multas a la empresa”.

Además, a través de un comunicado, la alcaldesa de Santa Juana afirmó que solicitarán al presidente de la República finalizar la concesión con la empresa.

Por último, Albornoz dijo que estos hechos son un abuso por parte de la empresa, ya que los vecinos pagan con esfuerzo sus cuentas de luz, por lo que tomarán medidas más drásticas frente a una situación en la que la entidad de electricidad debió tomar los resguardos.

Robo de cables sería principal causa de reiterados cortes de luz 

El robo de cables sería la principal causa de los reiterados cortes de luz en Santa Juana, Región del Biobío.

El último corte afectó a más de 30 mil clientes. Por ello, la alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz, solicitará al presidente Gabriel Boric terminar la concesión con la empresa eléctrica.

Así también, vecinos denuncian el abandono del Estado ante los hechos delictuales ligados al robo de cables.

Molestia entre los vecinos han generado los múltiples cortes de suministro eléctrico. Según la empresa Transelec, el corte que afectó a más de 30 mil clientes se originó -presumiblemente- por el robo del conductor, afectando el servicio en Laja, Santa Juana y San Rosendo.

Desde la casa edilicia, recalcaron que las empresas no cuentan con un plan de emergencia ante los reiterados robos de cables, por lo que esperan que se haga una nueva licitación y otra empresa se haga cargo, y puedan tomar las medidas correspondientes.

Además, solicitaron fiscalizar a las empresas, ya que deben existir las sanciones más altas frente al daño provocado a la comunidad.