Posibles consecuencias de nueva Ley de Pesca se abordaron en encuentro empresarial de CPC Bío Bío

En el evento empresarial IMPULSA de la CPC Bío Bío, el presidente del gremio Alvaro Ananías, resaltó los retos significativos que está atravesando la región y que amenazan con debilitar la musculatura industrial y afectar el desarrollo del Biobío.

Por esto, la multigremial llamó a las autoridades a frenar proyectos de ley que afecten al empleo y la cultura industrial de la región.

El líder del gremio empresarial pidió retomar la pesca industrial de la Jibia y así reabrir plantas de proceso, lo que permitiría abrir unos mil empleos adicionales. Esta propuesta se ha planteado como una estrategia clave para revitalizar la economía regional, especialmente en el contexto del impacto generado por el cierre de Huachipato.

Algo que también impulsa el gobernador Rodrigo Diaz, con el argumento de que la ley de pesca que se tramita actualmente sólo sumará problemas y llevará a destruir el sector pesquero, lo cual sería otra bomba atómica sobre nuestra economía.

Respecto de la tramitación de la nueva ley, que se ha dilatado en la comisión de pesca de la Cámara, la senadora Ximena Rincón, indicó que es necesario escuchar a los expertos, porque de otra manera el proyecto será de mucha consigna y poco resultado.

Y sobre los efectos que se atribuyen a la Ley de la Jibia, que el año 2019 sacó a la industria pesquera de la captura de este recurso, la parlamentaria dijo que es algo que se debe revisar para enmendar el rumbo.

En el contexto de incertidumbre por el cierre de Huachipato, la empresa Landes propuso retomar la pesca industrial de la jibia para evitar que el desempleo local siga aumentando y sortear un nuevo golpe al dinamismo de la economía regional.

Esta pesquería permitía en la industria el funcionamiento de cuatro plantas, siete barcos y unos 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos para el Biobío. Sin embargo, desde agosto de 2019, ese sector no puede participar de la pesca de la jibia, tras la promulgación de una ley que excluyó al sector de su captura y generó el inmediato cierre de tres plantas de proceso ubicadas en Talcahuano, Coronel y Lota.