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13 March 2025 | 11:11
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La Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe Final N°4 de 2024 sobre la ejecución de convenios de transferencias del Gobierno Regional del Biobío (GORE), revelando múltiples irregularidades como retrasos en las rendiciones de cuentas, falta de control en la documentación exigida y conflictos de intereses, entre ellos el vínculo del Gobernador Regional con un tesorero de la Corporación Motum. Se detectaron irregularidades en convenios con entidades como la Fundación Bonhomía, la ONG Red Cultivarte y la Fundación para la Educación Financiera (FUNDEF), con rendiciones que carecen de respaldo adecuado. La auditoría también señaló deficiencias en el control interno del GORE y recomendó la implementación del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas. Se interpuso una querella por fraude al fisco contra la Fundación Bonhomía y se iniciará un proceso sumarial, mientras que el informe final fue remitido a la Fiscalía Local de Concepción y al Presidente del Consejo de Defensa del Estado para las acciones correspondientes.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el Informe Final N°4 de 2024, en el cual se realiza una auditoría sobre la ejecución y rendición de cuentas de los convenios de transferencias del Gobierno Regional del Biobío (GORE). El documento, de 109 páginas, revela múltiples irregularidades con recomendación de atención inmediata.
Abarcando desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023, la auditoría tenía como objetivo verificar si los gastos se alineaban con los objetivos de los convenios, si existían supervisiones eficaces por parte del GORE, y si las transferencias estaban debidamente justificadas: Los resultados no fueron alentadores.
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Entre los hallazgos más destacados, la Contraloría detectó retrasos significativos en la aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas, algunos llegando hasta 157 días hábiles. Al 30 de septiembre de 2023, 72 rendiciones de cuentas, por un total de $1.509.491.829, aún no habían sido aprobadas o rechazadas.
La Contraloría recomendó que el GORE exija el envío oportuno de los informes mensuales de rendiciones.
Otro punto crítico es la falta de control respecto a la documentación exigida en las rendiciones de cuentas. “El GORE tiene como práctica habitual aprobar las rendiciones de gastos solo con las facturas y boletas de compraventa de los respectivos proveedores de servicios,” señala el informe, indicando que esto no cumple con las exigencias establecidas en los convenios.
La auditoría también reveló potenciales conflictos de intereses en la ejecución de los convenios. Un caso particular es el vínculo entre el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz Wörner, y el tesorero de la Corporación Motum, Giorgio Galgano Cabrera.
“No resultó procedente que el señor Díaz Wörner, en su calidad de Gobernador Regional, suscribiera el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa ‘Resolución pacífica de conflictos estudiantiles de enseñanza media del Biobío’”, detalla el informe.
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Además, el informe destaca la falta de un sistema de registro de las rendiciones de cuentas que consigne cada etapa del proceso de revisión. Actualmente, el control se realiza mediante planillas Excel, lo que expone a la entidad a errores y alteraciones de información. En esa línea, la Contraloría instó al GORE a implementar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) para un control más efectivo.
De acuerdo con el Informe del ente contralor, el GORE ejecutó convenios con varias entidades privadas sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran la Fundación En Ti, la Corporación Ciudades y la Fundación para la Educación Financiera (FUNDEF).
La auditoría detectó múltiples irregularidades en la ejecución de estos convenios, lo que pone en duda la eficacia y transparencia de los procesos de transferencia de recursos.
Entre las entidades en las que se encontró irregularidades destacan la Fundación Bonhomía, la ONG Red Cultivarte y la Corporación Motum.
En cuanto a la Fundación Bonhomía, se constató que los documentos rendidos para justificar el programa “Política regional para promover el bienestar: Biobío vive sano” carecían de respaldo adecuado.
“Se verificó que la Fundación Bonhomía, para efectos de acreditar el cumplimiento del programa, elaboró un documento sin fecha ni firma, con planillas Excel que no identificaban a los asistentes que participaron en las actividades descritas”, informa la auditoría.
La situación no es diferente para la ONG Red Cultivarte y FUNDEF. Los gastos rendidos, por la suma de $16.376.691, carecen de documentación adicional que respalde la adquisición de bienes o la correcta ejecución de los servicios contratados.
La Fundación Chinquihue también estuvo bajo escrutinio durante la auditoría. Se descubrió que las rendiciones de cuentas presentadas por esta entidad, correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2022, fueron aprobadas sin la validación técnica correspondiente.
“Las rendiciones de cuentas no contaban con un documento formal suscrito por la contraparte técnica que diera cuenta de su revisión y aprobación”, especifica el informe.
Esto evidencia una falta de coordinación entre los departamentos técnicos y financieros del GORE, lo que contraviene los principios de control interno y administración eficiente de los recursos públicos, sostiene el ente contralor.
Así las cosas, la Contraloría emitió una serie de recomendaciones para que el GORE adopte medidas de control que aseguren una correcta rendición de cuentas y eviten la repetición de estas irregularidades.
Además, interpuso una querella por fraude al fisco contra la Fundación Bonhomía y se iniciará un proceso sumarial para determinar las responsabilidades administrativas.
El informe final se remitió a la Fiscalía Local de Concepción y al Presidente del Consejo de Defensa del Estado para los fines correspondientes.
En tanto, desde la Gobernación respondieron a la brevedad con un comunicado que “recoge las observaciones” de Contraloría, comprometiéndose a “mejorar los estándares” del sistema:
DECLARACIÓN PÚBLICA
• En relación al informe Final N°4 Auditoría y examen de cuentas a las transferencias de capital efectuadas a las entidades privadas y sin fines de lucro, elaborado por la Contraloría General de la República, desde el Gobierno Regional del Biobío, recogemos las observaciones que se han realizado y recalcamos nuestra disposición a seguir en este proceso de mejora continua del servicio.
• Valoramos el esfuerzo realizado por el organismo contralor y nos comprometemos a seguir avanzando en mejorar los estándares, tanto en sistemas de control interno, fomentar prácticas de Compliance y perfeccionamiento de mecanismos de prevención.
• Sin perjuicio de lo anterior, como Gobierno Regional del Biobío valoramos que los antecedentes que fueron entregados a Contraloría fueran considerados e incluidos en las observaciones realizadas.
• Entendemos, también, que las conclusiones van orientadas a mejorar las debilidades detectadas y dedicaremos el trabajo de esta gestión, para poder superarlas. Como Gobierno Regional acatamos y aplicaremos, en los plazos recomendados, las medidas señaladas por el organismo contralor.
• Como Gobierno Regional del Biobío tenemos un compromiso para que este tipo de hechos no se repita bajo ninguna administración. Por ello, hemos implementado 18 medidas de probidad para mejorar los procesos de control y buen uso de los recursos públicos, incorporando medidas incluso más allá del marco legal.