Alcalde de Coronel y concejal Araya serán formalizados por Caso Puerto Coronel

Por cohecho será formalizado el alcalde de Coronel Boris Chamorro, investigación en la cual están como imputados, por otros delitos, ex altos ejecutivos de Puerto Coronel y empresarios locales, dentro de ellos el hermano del diputado Leonidas Romero.

Lo primero, genera presión en el Partido Socialista, colectividad que deberá definir el futuro de la candidatura a la reelección del actual jefe comunal.

En el marco del Caso Puerto Coronel, el alcalde, Boris Chamorro, será formalizado por el delito de cohecho.

Lo anterior, tras la solicitud efectuada por la fiscal adjunta, Glenda Lagos Chandía, quien está a cargo de la indagatoria respectiva. Junto con el líder comunal, también será formalizado por el mismo delito el concejal de la misma comuna, Eduardo Araya.

Al respecto, y de manera escueta, el jefe comunal aseguró su inocencia y que "no ha recibido" peso alguno desde la empresa portuaria.

Consultado por el tema, el senador socialista, Gastón Saavedra, señaló que la decisión o bajar la candidatura de Chamorro a la reelección será evaluada "en su momento" y que por ahora el alcalde deberá "someterse a los procesos judiciales".

Desde la Democracia Cristiana, partido que forma parte del pacto electoral junto al oficialismo, el diputado por la zona, Eric Aedo, solicitó a los colectivos a que se "actúe en consecuencia", ya que no pueden existir nombres la papeleta de personeros imputados por hechos de corrupción, dentro de ellos, el cohecho.

En otras aristas, el expresidente de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, enfrentará a la justicia por el delito de soborno y administración desleal.

Por este último delito, también enfrentará cargos el otrora gerente de la citada firma, Javier Anwandter, además del empresario Hernán Romero, hermano del diputado de oposición Leonidas Romero.

Finalmente, Daniel Chamorro Madariaga enfrentará cargos por soborno y administración desleal, mientras que Víctor Olivares será acusado por soborno. En febrero pasado, la fiscal Glenda Lagos levantó el secreto de la investigación abierta luego que la empresa portuaria se denunciara por el pago de platas a políticos y dirigentes sindicales.

La audiencia está programada para el próximo 7 de octubre en el Tribunal de Garantía de Coronel.