Noticias
Por uso de lápiz que podía ser borrado: denuncian irregularidades en Hualqui
27 October 2024 | 09:17
hrs
La justicia ordenó embargar las cuentas corrientes del Servicio de Salud Arauco debido al incumplimiento de un fallo que ordena el pago de una millonaria indemnización por la muerte de un bebé recién nacido en el Hospital de Cañete en 2020, causando un daño moral a los padres.
La justicia ordenó el embargo de las cuentas corrientes del Servicio de Salud (SS) Arauco, esto ante el incumplimiento de un fallo que ordena el pago de una millonaria indemnización.
El caso tiene que ver con la negligencia médica que provocó la muerte de un bebé recién nacido el 2020 en el Hospital de Cañete, decretando los tribunales una reparación por el daño moral causado a los padres.
Fueron dos aristas judiciales las que abrió la muerte del hijo recién nacido de Angelo Quintana y su esposa Escarleth Gengnagel; una penal contra los facultativos que intervinieron en la cesárea de urgencia practicado el 7 de octubre de 2020 y otra civil contra el Hospital de Cañete y el Servicio de Salud Arauco.
Transcurridos casi cuatro años del lamentable hecho, la investigación de la Fiscalía sigue abierta pero sin formulación de cargos, mientras que el Juzgado de Letras de Lebu sí acreditó la negligencia médica, ordenando el pago de 82 millones de pesos como reparación por el daño moral causado a los padres de la guagua.
Sin embargo, dijo Escarleth Gengnagel, hasta ahora el Servicio de Salud Arauco se niega a cumplir la sentencia indemnizatoria, lo que sumado a la lentitud del Ministerio Público se traduce en una falta de justicia y en que el dolor por la pérdida de su hijo siga latente.
Según el abogado del matrimonio, Hans Laurie, el pago está pendiente desde enero y ante la demora es que solicitó al tribunal embargo de las cuentas corrientes del Servicio de Salud, medida ya acogida y notificada.
Desde el Servicio de Salud Arauco, sin embargo, aseguraron que no hay una negación o atraso en el cumplimiento del fallo, encontrándose vigente la tramitación administrativa del pago, sin desconocerse el dictamen judicial.