La primera sentencia que acredita la falta de servicio del Estado respecto de víctimas de la violencia rural en la provincia de Arauco dictó la justicia, ordenando el pago de 200 millones de pesos como indemnización.
Lo que señala el fallo es que a pesar de las medidas implementadas, los órganos de seguridad pública no han sabido dar solución al conflicto en la Macrozona Sur.
