Malestar causó el fallo de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento contra la fiscal regional Marcela Cartagena, pidiendo su destitución.
Para el diputado Leonidas Romero, quien impulsó la solicitud de remoción junto a una decena de parlamentarios, se trató de una defensa corporativa que no da respuesta a las familias de las víctimas.
