El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló detalles de cómo operó un conocido empresario de la provincia del Biobío para rebajarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Tendrá que pagar una millonaria multa y cumplir presidio efectivo, ya que en el marco de este caso el Servicio presentó una querella por delito tributario.
El empresario condenado se llama Iván Yamil Flores Mansilla, conocido en la comuna de Santa Bárbara y en toda la provincia del Biobío.
Su modo de operar estaba en el ojo del SII, que destacó que los argumentos presentados derivaron en que el Tribunal Oral de la ciudad de Los Ángeles lo condenara a 5 años de presidio efectivo, sin beneficios.
Así operó el empresario
Iván Yamil Flores Mansilla, específicamente, fue autor del delito de aumento malicioso de crédito fiscal, en carácter de consumado y reiterado, previsto y sancionado en el artículo 97 Nº4 inciso 2º del Código Tributario.
El Tribunal estableció contra Flores una multa a beneficio fiscal del 200% de lo defraudado ($222.341.068) y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos mientras dure su condena.
Durante el juicio oral, iniciado el pasado 27 de julio, se estableció que el condenado utilizó 41 facturas falsas entre el 31 de mayo de 2015 y el 31 de marzo de 2017 facilitadas por Juan Carlos Gallardo Avello.
¿El objetivo de lo anterior?: Flores aumentó un crédito fiscal, logrando de esa forma rebajar el IVA con un perjuicio fiscal de $110 millones.
El SII mencionó que este caso se inició en 2017, con la presentación de una denuncia por delitos tributarios y comunes ante la Fiscalía de Los Ángeles.
En paralelo, el Servicio inició un proceso de recopilación de antecedentes por el delito de uso de facturas falsas para incrementar de manera maliciosa el crédito fiscal de IVA, el que concluyó con la presentación de una querella y dos ampliaciones de querella.
Persecución de delitos económicos
En junio de este año, el Ministerio Público y el SII firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos.
Según datos del SII, el organismo tramitaba (hasta junio) un total de 677 acciones judiciales por delitos tributarios en diversos tribunales nacionales.
Ambos organismos acordaron además intercambiar informes, estadísticas y análisis de datos relacionados a delitos tributarios, con el fin de recopilar e interpretar antecedentes para una persecución más efectiva de los mismos.
Por último, también se comprometieron a implementar y mantener políticas de seguridad de la información y protección de datos personales, relacionadas con las actividades derivadas de este trabajo en conjunto.
